Cumplir las reglas es la base de toda sociedad y de un Estado de Derecho. México cuenta con normas y reglas claras e instituciones que velan por tener un sólido Estado de Derecho. Tenemos una Constitución Política que establece el orden jurídico, político y social del país.
Sin embargo, diversas acciones por parte de integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo están poniendo en riesgo el presente y futuro nacional al intentar vulnerar la ley, ignorar lo establecido en nuestra Constitución, incluidos nuestros derechos y libertades, y no acatar resoluciones judiciales.
Dos señales muy negativas han sido el desacato del Legislativo, particularmente el Senado, ante la falta de tres nombramientos pendientes de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) que le ha generado meses de parálisis al pleno de la Institución, así como el Decreto presidencial que buscaba reservar información de las obras Estratégicas y que fue invalidado por la Suprema Corte, al considerar el derecho que tenemos los ciudadanos de acceso a la información, el cual está protegido en la Constitución. Inmediatamente después, el Ejecutivo emitió un nuevo Decreto en el mismo sentido.
También han sido riesgosos los intentos de legislar en materia energética en contra de acuerdos comerciales como el T-MEC, afectando la libre competencia y la certeza jurídica a las inversiones.
Y la más reciente y preocupante señal para el Estado de Derecho, fue el Decreto publicado hace algunos días donde el Ejecutivo federal declaró la ocupación temporal como bienes de utilidad pública de tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur ubicadas en el estado de Veracruz, los cuales estaban concesionados a privados y forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sorprende que mientras el Gobierno y la empresa se encontraban en la mesa de negociación, se emitiera un decreto de ocupación temporal de las vías férreas concesionadas a Ferrosur; generando incertidumbre jurídica que afecta la inversión. Es facultad del Gobierno cancelar anticipadamente una concesión, pero debe indemnizar a la empresa afectada.
Ante esta situación, en Coparmex consideramos preocupante que se estén aumentando las acciones de violación a la legalidad y a la Constitución, y que sean las propias autoridades quienes lo estén haciendo.
Tanto gobernantes como ciudadanos debemos acatar las leyes sin distinción, pero los poderes del Estado son quienes deben hacer que se cumplan y asumir la separación de poderes.
Como ciudadanos y como empresarios, solicitamos a las autoridades que consideren que incumplir la ley es incumplir su responsabilidad, y afectar la confianza a la inversión y la certidumbre jurídica, generando daños directos al desarrollo económico, político y social de nuestro país.
Hoy necesitamos seguir construyendo un México justo, con un Estado de Derecho sólido, no dar pasos hacia atrás. Y esto solo será posible si se acatan y se hacen cumplir las reglas y las resoluciones de instituciones tan importantes como la Suprema Corte.
Nada al margen de la ley, de la Constitución y del Estado de Derecho. #OpiniónCoparmex
